El gobierno publicó el jueves una
nueva orden ministerial en el BOE que tiene por objetivo fijar un
procedimiento para luchar contra la desinformación. El texto plantea como una de sus máximas apoyar “el
fomento de la información veraz, completa y oportuna que provenga de fuentes contrastadas
de los medios de comunicación y las Administraciones en el marco de la
comunicación pública”. De primeras, sin pararse en análisis, la copla suena a
gloria bendita. El problema es que, a la segunda, a poco que uno pone a
funcionar la materia gris, esa impresión inicial queda rápidamente superada por
la convicción de que la libertad de expresión debería dejarse de alegrías y
buscarse un buen abogado que defienda su integridad en los tribunales. Las
amenazas que se ciernen sobre su cabeza son de una gravedad extrema porque el
documento de marras deja que corra entrelineas el virus del liberticidio sin
ponerle coto. Dependiendo de la interpretación que se ofrezca del término
“desinformación”, y a poco que la misma se incline en favor de los intereses
del gobierno de turno, cualquiera que no trabaje al dictado de la superioridad
puede verse en la triste situación de vestir un sambenito camino de la hoguera
–en sentido figurado, se entiende–.
Las críticas a la orden
ministerial no se han hecho esperar y van todas en el sentido de denunciar los
posibles abusos a que podría dar lugar la aplicación del procedimiento previsto
en la misma. El gobierno se defiende alegando que el contenido del texto en
modo alguno pretende favorecer una censura informativa sino arbitrar los medios
para detectar campañas de comunicación promovidas desde el exterior con el
ánimo de inmiscuirse en asuntos de interés nacional. Pero, por mucho que
utilice como excusa un argumento que viene a ser algo así como la versión
millennial del contubernio judeo-masónico, la orden ministerial –toda ella–
tira un tufillo a inquisición mediática que revuelve el estómago. El documento,
adrede o no, deja abierta una puerta que consiente explorar la posibilidad de
fijar a conveniencia “verdades oficiales” sobre cualquier asunto noticiable; de
ahí a silenciar a quienes pretendan oponer algún argumento o información
alternativa hay un paso muy corto que pasa por tachar de falso todo aquello que
no se ajuste a la versión canónica.
En el corazón de Europa no ha
hecho ni pizca de gracia que uno de sus estados miembros saque los pies del
tiesto en una materia tan delicada como es la libertad de expresión/prensa. De
hecho, se han equipado con lupa para analizar el nuevo procedimiento de
actuación aprobado por nuestro gobierno. “Lo estamos estudiando”, ha dicho un
portavoz del Ejecutivo comunitario. Primer aviso. Y, si no media una
rectificación urgente, llegará en breve la regañina o el rapapolvo. La
prudencia aconsejaría retirar el bodrio a cocinas antes de que eso ocurra, pero
este gobierno no tiene por costumbre cejar en sus empeños ni escuchar reparos
salvo que vengan acompañados por una amenaza de retirada de crédito.
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